Himiob: sanciones contra exgerentes de Pdvsa “buscan consolidar la mentira oficial de sabotaje”

Foto: María Gabriela Puente/ Noticias24

(Caracas, 12 de noviembre – Noticias24) El abogado defensor de un grupo de exempleados de Pdvsa, Gonzalo Himiob, en un contacto por Noticias24 Radio, calificó de “irracionales y absurdas” las sanciones administrativas que la contraloría de la estatal emprende en contra de 185 exfuncionarios que participaron “en el paro cívico” desarrollado entre los años 2002 – 2003.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Himiob destacó que no se conocen cuáles son los criterios utilizados por la dirección de auditoría fiscal de Pdvsa para iniciar las averiguaciones en contra de las referidas 185 personas que pertenecían a la nómina ejecutiva y gerencial.

“No conocemos su parámetro de selección para sancionar a este grupo de personas y a otras no; por unos daños a la nación calculados por ellos mismos alrededor de los 9 mil millones de dólares”, acotó.

Asimismo, criticó que no se hayan establecido las acciones u omisiones de los exgerentes señalados en relación a los daños causados.

Los montos a pagar por los exfuncionarios de Pdvsa por concepto de multa se ubican, según Himiob, entre los 12 mil y 18 mil bolívares fuertes, “pero por indemnización al Estado, en 119 mil millones de bolívares, cada uno, lo cual es muy grave porque al cambio eso representa 27 millones de dólares” .

“Yo no creo que en Venezuela exista alguien que cuente con esa cantidad de dinero para pagar este tipo de indemnizaciones”, añadió al explicar que de no cancelarse los montos establecidos, la estatal podría intentar arremeter contra los bienes de las personas involucradas.

Para Himiob el objetivo central de esta acción del Gobierno es consolidar “una mentira oficial” en la que se quiere dejar claro ante los ojos del mundo que lo que ocurrió no fue una protesta, sino un daño a la nación.

“Se está mandando un mensaje claro y es que la historia que ellos quieren que se implante es la del sabotaje y no la del paro cívico nacional”, insistió.

A su juicio, otra de las metas de esta averiguación administrativa es advertir a los empleados de otras empresas del Estado que han realizado manifestaciones para exigir mejores beneficios laborales es que tengan “cuidado”, porque les puede pasar lo mismo.

Ante, “este espiral de intimidación”, recalcó Himiob, los exgerentes cuentan con la vía judicial para impugnar y la posibilidad de denunciar “el atropello” en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh).

En otro aspecto, el experto legal consideró que el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) “es un surrealismo, después de ver lo que ocurre en el país en materia de seguridad”.

“Me parece un completo exabrupto esta victoria diplomática que no es igual para el pueblo venezolano (…) quizás debemos reflexionar acerca de lo que debemos hacer para que el mundo entienda lo que aquí se vive”, finalizó.