Publicado el 16 de nov de 2012 5:57 pm |

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Foto: Archivo

(Caracas, 16 de noviembre – AP).— La propuesta de una amnistía para los adversarios del presidente Hugo Chávez que están encarcelados y muchos otros que se fueron del país alegando ser perseguido por motivos políticos, toma fuerza en Venezuela pese a que el gobierno niega que en el país existan presos o perseguidos políticos.

Edgar Zambrano, miembro de la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) —una coalición de grupos opositores compuesta por partidos de izquierda, conservadores moderados y tradicionales— elogió la intención de diálogo demostrada por el gobierno de Chávez, luego de su reelección en pasado 7 de octubre, con el tema de los presos y exiliados.

Zambrano introdujo el jueves ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Amnistía, promovido por los familiares y los propios detenidos.

“Observamos voluntad del gobierno y valoramos su pronta respuesta a los pedidos de reunirnos para dialogar”

“Observamos voluntad del gobierno y valoramos su pronta respuesta a los pedidos de reunirnos para dialogar“, dijo el diputado a The Associated Press.

“Nosotros valoramos esta posibilidad, que es la primera en años. Trabajo con el objetivo de lograr la libertad y el regreso de los venezolanos amparados en una ley de amnistía”, acotó.

“El presidente Chávez hizo un llamado al diálogo y nosotros le tomamos la palabra. Estamos claros que el presidente es quien puede tomar decisiones respecto a los presos dentro de la constitución y las leyes, estás lo facultado para ello. Tenemos mucha fe y mucho optimismo, hay esperanza en los familiares así como en los involucrados”, agregó.

El dirigente opositor resaltó que ya presentó los argumentos legales de cada uno de los casos al Vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, quien aseguró que Chávez manifestó su intención de considerarlos.

El mandatario ha dicho reiteradamente que “no es lo mismo políticos presos, que presos políticos”, pero luego de llamar a “todos los venezolanos a un dialogo nacional”, expresó que aquellos presos que estuvieran enfermos son merecedores de beneficios procesales y solicitó a los jueces a actuar en consecuencia.

El diputado oficialista Elvis Amoroso, presidente de la Comisión de Política Interior, manifestó su esperanza que la oposición honre el llamado promovido por el mandatario.

“El gobierno revolucionario y nosotros en la Asamblen Nacional tenemos la esperanza que lleguemos a acuerdos y que tengamos una mejor relación con la oposición. Ojalá que esta iniciativa del vicepresidente, que es un hombre de diálogo y lo ha demostrado reuniéndose sin vacilaciones con representantes de la oposición, sea bien recibida”, comentó Amoroso a la prensa.

“Ojalá que esta iniciativa del vicepresidente, que es un hombre de diálogo y lo ha demostrado reuniéndose sin vacilaciones con representantes de la oposición, sea bien recibida”

Además de la ley de amnistía, los promotores de esa legislación aspiran que se consideren medidas humanitarias, el indulto, la libertad condicional, entre otros beneficios procesales.

Activistas de los derechos humanos son optimistas y algunos creen que la reciente elección de Venezuela el 12 de noviembre como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, podría allanar el camino para que el gobierno se comprometa más en esa materia.

“Venezuela ha tenido una tradición histórica de liberar presos políticos”, dijo a la AP el coordinador de la ONG local Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, en una entrevista telefónica.

Recordó que el propio Chávez y sus aliados que participaron en las fallidas asonadas militares de 1992 fueron “liberados por medidas de esta naturaleza” que les otorgó el presidente Rafael Caldera (1994-1999).

Caldera, fallecido en 2009, determinó el perdón de los oficiales dos meses después de asumir el poder. Chávez alcanzó a estar más dos años preso sin condena, a pesar de que estaba confeso de haber participado en la rebelión militar.

Existen posibilidades reales que algunos presos políticos sean liberados en los próximos días”, manifestó Alvarado.

Los activistas esperan que Venezuela como miembro del organismo de Naciones Unidas para el monitoreo de los derechos humanos, eventualmente permita que los relatores de la ONU visiten el país.

Chávez expresó el jueves que la entrada de Venezuela al Consejo es un reconocimiento al país por su respeto a los derechos humanos.

“Aquí se nos acusa que violamos los derechos humanos, que perseguimos a la gente, lo cual es absolutamente falso, y ahí esta el reconocimiento que nos ha dado el mundo aprobando, por una mayoría abrumadora, el ingreso de nuestro país al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, dijo Chávez durante una reunión con sus ministros transmitida a la nación por radio y televisión.

Carlos Correa, miembro de organización no gubernamental Espacio Público, afirmó que no se trata de un reconocimiento, puesto que “eran tres cargos a elegir por la región y soló se postularon Venezuela, Argentina y Brasil“.

“Existen posibilidades reales que algunos presos políticos sean liberados en los próximos días”

En los últimos 14 años, según defensores de los derechos humanos, los tribunales han perdido independencia y fiscales y jueces actúan cada vez más en aparente sincronización con el gobierno en contra de opositores y demás que, de un modo cierto o no, van en contra de aquellos en el poder.

Un caso emblemático para muchos es el de la jueza María Lourdes Afiuni, quien está siendo enjuiciada por corrupción, tras liberar a un banquero acusado de desobedecer los controles cambiarios del país.

Habrá que meterle pena máxima a esta jueza, y a los que hagan eso. ¡30 años de prisión!”, manifestó Chávez.

Defensores de los derechos humanos afirman que el caso de Afiuni sobresale porque está siendo juzgada por un fallo rutinario y luego de que Chávez intervino tan abiertamente.

Afiuni desde febrero de 2011 se encuentra bajo arresto domiciliario tras pasar más de un año en una cárcel de mujeres.

Entre los que se consideran perseguidos políticos destacan el ex candidato presidencial opositor en los comicios del 2006, Manuel Rosales, que se fue del país diciendo que los fiscales lo habían acusado falsamente de corrupción. Guillermo Zuloaga, accionista mayoritario del canal televisivo antichavista Globovisión, se fue para evadir a acusaciones de delitos que según él tenían una motivación política.

En otros casos, algunos activistas tienen sus dudas si algunos se ajustan a la categoría o no de presos políticos.

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