Publicado el 19 de dic de 2012 5:48 pm |

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Foto: Verónica Canino / AVN

(San José, 19 de diciembre-AFP).- La Corte Intermericana de Derechos Humanos (Corte IDH) absolvió al Estado de Venezuela en el juicio por el denominado caso Castillo González y otros, presentado por la Comisión Interamericana en febrero de 2011, según el texto de la sentencia de fondo anunciada este miércoles en San José.

El caso se refiere al homicidio en Venezuela de Joe Luis Castillo, el 27 de agosto de 2003, luego que dos hombres lo atacaron a balazos y tras lo cual resultaron heridas su esposa Yelitze Moreno y un hijo menor de edad, dice la sentencia.

Por lo tanto, juzgó innecesario analizar si existía o no un deber reforzado de prevención a cargo del Estado respecto de los hechos que originaron este caso

El Estado venezolano estaba acusado por falta de investigación de los hechos, impunidad y la supuesta afectación al derecho a la integridad personal

“La Corte estableció que del conjunto de los elementos probatorios aportados y, en especial, de los alegados ‘indicios’ referidos por la Comisión Interamericana, no se comprobó la responsabilidad internacional del Estado (venezolano) por tolerancia, aquiescencia o perpetración directa del atentado cometido contra las presuntas víctimas del caso”, dice el veredicto.

“Por ello, consideró que el Estado no violó los derechos a la vida, a la integridad personal y del niño, en relación la obligación general de respetar los derechos”, explicó el organismo de la Organización de Estados Americanos.

La Corte argumentó que pese a que en el estado venezolano de Zulia, donde ocurrieron los hechos, se mezclan la violencia con la inseguridad, no puede concluirse que los mismos hayan constituido una situación o práctica generalizada ni sistemática.

Por lo tanto, juzgó innecesario analizar si existía o no un deber reforzado de prevención a cargo del Estado respecto de los hechos que originaron este caso.

“La Corte constató, además, que, con anterioridad a los hechos, el señor Castillo no fue objeto de amenazas o actos intimidatorios ni existió una denuncia pública o ante autoridades estatales sobre una supuesta situación de riesgo”, alegó la Corte en su fallo.

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