Publicado el 29 de ene de 2013 7:01 am |

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Foto: Xinhua / STR

(París, 29 de enero. AFP) - La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacdh) instó el martes a Venezuela a investigar la muerte de 58 personas en un motín en la cárcel de Uribana y a garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos en las prisiones.

El portavoz de la Oacdh, Rupert Colville, afirmó que el motín “refleja un patrón alarmante de violencia en las cárceles venezolanas” y que eso “es una consecuencia directa de sus malas condiciones”, de las que responsabilizó al estado.

Urgió a adoptar “medidas para garantizar que las condiciones de detención cumplan con los derechos humanos”

Los detenidos “están bajo custodia del estado y, por lo tanto, las autoridades estatales competentes tienen la responsabilidad de lo que les sucede”, subrayó.

Los presos sufren de hacinamiento, falta de acceso a los servicios básicos, presencia generalizada de armas en las prisiones y sus condiciones “se agravan por las demoras judiciales y el recurso excesivo a la detención preventiva”, enumeró Colville.

El portavoz urgió por ende a Caracas a adoptar “medidas urgentes para garantizar que las condiciones de detención cumplan con las normas internacionales de derechos humanos”.

El gobierno venezolano ordenó el lunes investigar el motín del pasado 25 de enero en la cárcel de Uribana (noroeste), que según fuentes oficiales venezolanas dejó 58 muertos y más de 90 heridos.

Según cifras oficiales, hay casi 50.000 reclusos en Venezuela pero la infraestructura carcelaria sólo tiene capacidad para albergar a unos 14.000.

Alta comisionada de la ONU responsabiliza al Estado venezolano por los sucesos de Uribana

Más temprano, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, lamentó la muerte de 58 reclusos tras el motín y responsabilizó a las autoridades por los hechos.

“Lo que ocurrió refleja un alarmante patrón de violencia en las cárceles venezolanas”, señaló en rueda de prensa el portavoz de Pillay, Rupert Colville.

“Es consecuencia -añadió- de que en las prisiones venezolanas haya una alarmante falta de servicios, que los reclusos estén totalmente hacinados, y que muchos de los internos estén encerrados de forma preventiva en espera de juicio durante mucho tiempo”.

Por ello, Alta Comisionada considera que las autoridades venezolanas “son responsables de lo ocurrido, porque son ellas las que deben cuidar del bienestar de los reos”.

Pillay pidió una “pronta investigación”, para que se puedan identificar a los culpables y los familiares de las víctimas puedan ser compensadas.

El gobierno venezolano confirmó el domingo que en el motín registrado en el Centro Penitenciario de la región Centro Occidental murieron 58 personas y 46 resultaron heridas.

CEV, oposición y ONG piden que se haga una investigación

La oposición dijo que el cruento saldo muestra el fracaso de la política penitenciaria del gobierno y llamó a Varela a dimitir al cargo.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió una declaración de la Delegación Nacional de Pastoral Penitenciaria en la que señala que la tragedia humana como la de Uribana requiere una investigación que determine los responsables.

“A las autoridades penitenciarias les recordamos que el supremo compromiso del Estado venezolano no puede ser otro más que el de garantizar la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la defensa y desarrollo de la persona y de su dignidad, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, entre otros nobles fines reconocidos en el texto constitucional”, indicó.

La Iglesia tachó en un comunicado de “inoperantes e ineficaces” las políticas penitenciarias del gobierno, que a mediados de 2011 creó el ministerio de Asuntos Penitenciarios para hacer frente a la crisis carcelaria.

Solicitaron que se informe a los familiares de los reclusos muertos en Uribana ya que “hasta el momento no ha habido una identificación de los fallecidos.

Asimismo, pidió a los presos esforzarse por erradicar las mafias que operan en las cárceles y que “hacen de las sedes del sistema penitenciario auténticos negocios de armas, drogas, secuestros y otros lucros delictivos”.

Agregó que es “imprescindible” una investigación de lo acontecido en Uribana.

Mientras, el portavoz de la organización no gubernamental “Una ventana a la libertad”, Carlos Nieto, pidió a la Fiscalía General realizar una investigación sobre lo ocurrido en Uribana.

“Esto no fue un motín, fue una requisa que intentó hacer la Guardia Nacional, pero como siempre la ministra trata de escurrir el bulto (hacerse a un lado) y buscar un responsable”, dijo en una rueda de prensa.

Igualmente solicitaron que se informe a los familiares de los reclusos muertos en Uribana ya que “hasta el momento no ha habido una identificación de los fallecidos ni las causas de su muerte”.

La ONG Control Ciudadano, que vela por el derecho ciudadano a ejercer una contraloría sobre las Fuerzas Armadas, puso en duda no obstante la versión del gobierno.

A través de un comunicado condenó “el uso reiterado de la fuerza mortal por parte de la Guardia Nacional Bolivariana contra personas privadas de libertad” y estimó que los “agentes estatales involucrados en los asesinatos allí cometidos deben responder ante la Ley”.

En la cárcel de Uribana, unos 2.400 presos estaban encarcelados en unas instalaciones con una capacidad para 850, según las ONG. La gran mayoría fueron trasladados a otros penales del país y está previsto que regresen una vez se haya rehabilitado el centro.

Las cárceles venezolanas están controladas en muchos casos por bandas de reclusos fuertemente armados, que constantemente generan enfrentamientos internos. Según el gobierno, las armas son introducidas por “mafias” en los penales.

Según activistas de derechos humanos, que revelarán los datos de violencia de 2012 este jueves, en 2011 más de 500 reclusos perdieron la vida.

Con información de EFE y DPA