Publicado el 03 de feb de 2013 1:14 pm |

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Foto: Noticias24 / Archivo

(Caracas, 03 de febrero – Noticias24).- El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, a través de Noticias24 Radio, explicó la situación de los privados de libertad de la cárcel de Uribana, “los trasladaron para Trujillo, Barinas, Sabaneta, Táchira, Yare, El Rodeo, Tocorón, en total 17 cárceles del país, que ahora están más colapsadas y con más riesgo de problemas”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

“Imagínense la persona que estaba siendo procesada y que estaba a punto de salir en libertad, o que tomaran una decisión de su caso, y ahora lo mandaron fuera de su jurisdicción y no lo puedan traer al juicio. Además de ello su núcleo familiar tiene que estar, a tal hora, para que los lleven en autobuses, y de paso, no les dejan llevar comida”, denunció.

“Quieren poner como ejemplo los traslados que hicieron en El Rodeo, La Planta, Coro, pero esto ha traído negativas consecuencias”

Prado, reiteró que con los traslados y el cierre de más centros de detención “las autoridades del Estado pelaron mecate”.

“Quieren poner como ejemplo los casos de El Rodeo, La Planta, Coro, pero esto ha traído negativas consecuencias. Esa medida errada (traslados) ha dejado un saldo de personas fallecidas y la vulneración al debido proceso. Estas son penas accesorias, que no están establecidas en las leyes, y que violan los derechos de miles de venezolanos, que ya están pagando su falta en prisión por haber cometido un delito”, resaltó.

Subrayó que “en los actuales momentos, con el cierre de Uribana quedamos en 33 establecimientos carcelarios y 16 anexos de damas, conformada por una población de unos 48.400 internos, de los cuales el 70% se encuentra en prisión preventiva, y el otro 30% tienen sentencia firme”.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones dijo estar “de acuerdo” con las requisas, “estas deben hacerse cada 30 días, y semanal o diariamente deben ser sorpresivas. Esa es más o menos la distribución o calificación que se le da a este tipo de intervenciones, pero no lo pueden hacer vulnerando derechos humanos de ciudadanos que ya están pagando por su delito, no se puede ir más allá de esa pena, ni del procedimiento establecido en nuestra norma”.

“En resumen los funcionarios del servicio penitenciario están haciendo lo que les da la gana, incluyendo al Poder Judicial y al Ministerio Público. Si alguno de ellos tuviera un hijo preso, no pensaran trasladar a los privados de libertad porque se atrasaría el juicio. Dicen que el día que lo llamen ante las autoridades lo van a llevar, pero hasta cuándo garantizan que esto será así”, puntualizó.

Prado sostuvo que “aquí quien piense que el Estado tiene el control de las cárceles, creo que no tiene el oído puesto en la realidad penitenciaria del país”.