Publicado el 05 de jun de 2013 7:48 am |

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Video: TELEVEN, 05 de junio de 2013

(Caracas, 05 de junio. Noticias24) – El diputado a la Asamblea Nacional, Elvis Amoroso, aseguró que el proceso de desarme de la población venezolana no se puede realizar de forma inmediata pese a la aprobación de la Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones. “No ocurrirá de la noche a la mañana, sino a mediano plazo junto al Plan Patria Segura”.

Durante su participación en el espacio de entrevistas de El Noticiero Televen, precisó: “Esto no es inmediato, no es que hoy se aprueba la ley y mañana toda la población venezolana estará desarmada, es un proceso y esta normativa es la herramienta legal que se le da al Estado para que pueda, dentro de la legalidad, desarmar a la población bajo unos parámetros establecidos”.

Agregó que el Ejecutivo se afincará en el desarme voluntario, “convocando al pueblo para que entreguen las armas a través de algunos incentivos o amnistías que estarán dispuestos”.

El parlamentario resaltó la importancia de este nuevo mecanismo legal, para el bienestar de la población: “Independientemente del color político, cuando a alguien lo van a atracar no le preguntan si es chavista o no, solo aplican el hecho”.

En otro orden de ideas, Amoroso señaló que una de las novedades de la ley es que a partir de un lapso equivalente a un año la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) será la unica empresa responsable de vender armas y municiones. “Así es que debe ser como en la mayoría de países serios. Además cada bala tendrá un serial único que puede ser identificado”.

“Hasta hace poco existían 4500 armerías que importaron armas alegremente, a discreción de los dueños, y son estas la que están matando a los venezolanos”, precisó.

Enfatizó que este proceso de desarme debe arrancar por los centros penitenciarios del país: “No se podemos permitir que en nuestras cárceles haya armamento cuando la custodia es por parte de la Guardia Nacional Bolivariana”.

En este sentido, dijo que la normativa contempla penas de hasta 25 años de prisión para aquellos funcionarios y personas que permitan el tráfico de armas en las penitenciarias del país.

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