Publicado el 10 de jun de 2013 12:54 pm |

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Foto: Noticias24 / Archivo

(Caracas, 10 de junio. Noticias24) – Este lunes, el diario Ciudad Caracas publicó un trabajo especial dedicado a la Ley Desarme, un “novedoso instrumento legal que viene a dar una respuesta estructural al problema delictivo“, según Pablo Fernández, secretario de la extinta Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

Asimismo, detalló que al aplicar esta Ley, se busca “acabar con la armería como rubro comercial. El único organismo para hacer este tipo de actividad es la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares”.

Otras aspectos son: “Limita la venta de municiones particulares (…) Establece sanciones fuertes a funcionarios públicos que incurran en violaciones a algunos de los artículos de la Ley (…) Se crea un registro automatizado de armas que contiene la prueba balística”, entre otros.

A continuación el texto completo publicado por el medio:

Con la aprobación de los 126 artículos de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones de manera unánime en su segunda discusión, nació un instrumento de justicia social que es parte fundamental de la herencia que dejó el Comandante Supremo, Hugo Chávez.

Así lo hizo saber el secretario de la extinta Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, Pablo Fernández, quien aseguró que el novedoso instrumento legal viene a dar una respuesta estructural al problema delictivo.

No obstante, advirtió el experto que debe existir plena coordinación entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, (Fanb) y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y los cuerpos policiales, para que fluya la Ley y sus resultados, de manera directa.

Puesta a tono

Explicó Fernández que se está trabajando en la reglamentación de los artículos que lo requieren y se espera sólo la publicación en Gaceta Oficial y el ejecútese del presidente Nicolás Maduro, para que entre en vigencia la moderna norma.

“Esta Ley, en su sentido más simple, regula la venta de armamentos a particulares y busca supervisar su uso por parte de los funcionarios policiales y militares”, expuso Fernández, quien no dejó de mencionar que, en su mayor parte, el articulado aprobado fue producto de los aportes hechos por la extinta comisión presidencial, “que fue una visión estratégica más del Comandante Chávez”.

Control de municiones

Según un reporte emitido por la Dirección de Armas y Explosivos, Daex, explicó Fernández, en el país existen 167 mil 800 armas registradas legalmente y con su respectivo porte concedido. “Si a ello se agrega, digamos 10 veces esa cifra para calcular las armas ilegales, que es lo que se estima, estamos ante una situación que debe apalancarse con la puesta en marcha del plan desarme, y que creo fundamental para el proceso de paz y seguridad en el país”.

En opinión de Fernández lo importante no es tanto el número de armas, sino el control efectivo sobre las municiones. “Por ello se espera la llegada al país de la moderna y efectiva tecnología para marcaje y control de municiones”, expuso.

De igual manera se espera la importación de las prensas para garantizar mayor número de armas inutilizadas.

Las armas se vuelven cabillas

Explicó Fernández que hay dos tipos de desarme: el voluntario, que promueve la ley naciente y el de-sarme compulsivo, que se refiere a la incautación o decomiso de armas en operativos, redadas o en hechos de carácter delictivo.

El protocolo del desarme voluntario y anónimo plantea que quien entrega el arma no es reseñado, y se le concede amnistía automática por el delito de porte ilícito de armas”, enfatizó.

Hay personas con porte legal que desean desarmarse y pueden hacerlo de igual manera. Además, se están planteando algunos incentivos como oportunidades de becas de estudio, becas trabajo, hasta materiales para construcción y electrodomésticos.

Estas armas que son entregadas voluntariamente pasan de inmediato a la Daex, para su destrucción por fundición, detalla el funcionario.

Precisó Fernández que el desarme compulsivo consiste en la incautación del arma en un operativo o en un suceso donde se cometa un delito. Esa arma se pasa al Ministerio Público, que a su vez la transfiere al Cicpc para las respectivas experticias. En un lapso no mayor de 20 días, el fiscal del Ministerio Público debe pronunciarse para saber si el arma está incursa en averiguaciones por otros delitos.

Se acata el dictamen del funcionario y luego el arma se inutiliza por el proceso de prensado y se remite al Daex, para su fundición en Sidetur (Siderúrgica del Turbio), en Barquisimeto. Allí las toneladas de armas fundidas se están transformando en cabillas que van a la Gran Misión Vivienda Venezuela”, dice Fernández, dejando saber el alcance social de la medida.

Aclaró el funcionario que la aplicación de estos protocolos en el desarme no tienen nada que ver con el curso de los procesos de investigación penal sobre cualquier ciudadano.

Si tú entregas el arma, no eres reseñado y se te otorga amnistía, pero solo por tenencia o porte ilícito de arma de fuego. Si aparte tienes abierto un proceso de investigación o estás solicitado o incurso en algún delito, los organismos competentes seguirán sus procedimientos”, expuso.

Es decir, y esto queda claro, la amnistía planteada no es para amparar a delincuentes ni para estimular nuevos delitos. El peso de la ley caerá y seguirá cayendo sobre quienes transgredan las normas.

Sanciones

Agrega el funcionario que la Ley establece sanciones de orden pecuniario y penal, con la novedad de que se considerará como agravante para aumento de las penas y sanciones, el hecho de que quien trafique o introduzca armas y municiones a los penales y otros sitios para generar más violencia, sean funcionarios policiales o públicos.

De igual manera, se establece que cuando se violenten los sitios de resguardo, depósitos o parques de armas, se plantea prisión de 8 a 20 años, según sean los casos; pero si los implicados son funcionarios, se aumentará la pena en una cuarta parte adicional; “como manera de golpear la galopante corrupción existente, pero que ya está detectada y con medidas como ésta se controla hasta reducirla a cero, que sería lo ideal. Muchas veces con esas armas que deberían estar inutilizadas se cometen delitos y se genera una espiral de violencia. Eso se va a acabar”, dijo.

Además, el porte ilícito será penado de 7 a 20 años de prisión.

—Con este panorama, ¿cuándo cree usted que se comenzarán a ver los resultados de la Ley?

—Soy optimista, pero como el tema tiene implicaciones de diversa índole, estoy convencido de que hace falta un proceso para la siembra de conciencia, por encima de la aplicación de cualquier instrumento legal. Para eso existen programas específicos: por ejemplo, allí está la nueva Misión Jóvenes de la Patria, que incorpora a los que deseen participar en procesos de desarrollo socioproductivo, brindando oportunidades a la juventud y alternativas reales de crecimiento integral. Con educación podremos apostar a un país más productivo, más seguro, menos violento. Esa es la meta, es el sueño –finalizó un optimista Fernández.

Experiencia previa fue positiva

Asegura Pablo Fernández que en el transitar de la redacción de la Ley por parte de la Comisión Presidencial para el Desarme, que se le presentaba regularmente al presidente Hugo Chávez para su corrección y discusión, este recomendó una consulta general. Se hizo una encuesta piloto de la Comisión en la web a 7 mil 500 personas, entre finales de 2012 e inicio de este año, en torno a si estaban de acuerdo o no con los incentivos por parte del Estado a quienes practicaran el desarme voluntario.

“No solo todo el mundo estuvo de acuerdo, sino que 3 mil 909 personas, casi 50 por ciento, indicaron que a todo el que se desarme voluntariamente hay que estimularlo con oportunidades para estudiar, trabajar, herramientas para el trabajo, materiales de construcción, e incluso canje por electrodomésticos”, expone, a la vez que añade: “Todo eso está ahora mismo en estudio, pero se va a cumplir la voluntad popular”.

El experto en la materia deja saber que la experiencia con menores de edad, transgresores de las normas de la sociedad, en diversas tipificaciones, ya fueron objeto de los protocolos de canje y fueron reinsertados de manera productiva como individuos sanos, gran parte de ellos. “Por eso pienso que la Ley va a traer grandes beneficios. Estos jóvenes, en su mayoría rescatables, necesitaban respuestas del Estado, y con gran sentido humanista y social, como siempre indicó el Líder Supremo, se aplicó el protocolo y hoy podemos apuntar a soluciones viables”.

¿Qué se logra al aplicar la Ley?

1- Acaba con la armería como rubro comercial. El único organismo para hacer este tipo de actividad es la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares.

2- El porte de arma de defensa personal debe ser otorgado bajo declaración jurada de necesidad.

3- Expone la diferencia entre porte y tenencia, dejando claro que la tenencia está permitida en los casos en que el arma está declarada para resguardo de bienes dentro del hogar o propiedades.

4- Se crea un registro automatizado de armas que contiene la prueba balística.

5- Prohíbe la recarga de municiones y ordena su marcaje, mediante modernos métodos.

6- Ordena presentar un plan de producción de municiones de Cavim al presidente de la República anualmente, a manera de rendición de cuentas.

7- Limita la venta de municiones particulares: 50 unidades por año. Deportistas (tiro deportivo) sólo 300 por mes, que serán vendidas por tiendas Cavim dentro de los polígonos. Cacería (respetando y tomando en cuenta los planteamientos de las comunidades indígenas) 100 municiones de escopetas por mes. Policías: 50 municiones por arma mensualmente. Para reponer las usadas, cada funcionario debe rendir cuenta, avalado por su respectivo jefe policial. Para resguardo de zonas agropecuarias: 100 al año es el cupo de municiones.

8- Ordena campañas preventivas sobre armas en medios de comunicación y prohíbe programación que induce al uso de armas. “Deben intervenir Conatel y el Minci”, agregó.

9- Legaliza las zonas libres de armas.

10- Crea un fondo para el desarme, con el objetivo de otorgar compensaciones a las personas que entreguen las armas, de acuerdo con lo que establezca el plan de canje que es producto de la Ley.

11- Legaliza la inutilización de armas. “Este punto es básico, toda vez que se venía detectando cómo armas y municiones que estaban en resguardo, mientras se hacía la experticia requerida aparecían implicadas en nuevos hechos delictivos, lo cual presuponía complicidad de personas con acceso a los parques de armas y depósitos de resguardo; ahora con la inutilización no se interfiere con la investigación y luego pasa a ser arma destruida”, explica Fernández. Es un punto clave que estableció el presidente Chávez como decreto en la Gaceta Oficial 40.047 de octubre de 2012.

12- Ordena la amnistía. Este punto se refiere a uno de los estímulos que brinda el Estado a quien voluntariamente acuda a desarmarse. No será reseñado y entrará en el protocolo del canje que aún tiene algunos elementos en estudio, como la compensación.

13- Establece sanciones fuertes a funcionarios públicos que incurran en violaciones a algunos de los artículos de la Ley.

Por: Luis Martín / Ciudad CCS

Con información de Ciudad Caracas