Publicado el 12 de jun de 2013 5:09 pm |

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Foto: Prensa Miraflores

(Caracas, 15 de junio-Noticias24)- Hace un año fue aprobado en Consejo de Ministros número 825 el nuevo Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que establece entre otros aspectos la creación de los tribunales de control municipal en todo el país. Hasta la fecha sólo se han instalado 11 en Caracas y tres en el interior.

Video: VTV, 12 de junio de 2012

El 12 de junio de 2012 Cilia Flores, quien ocupaba el cargo de procuradora general de la República anunció la aprobación del nuevo COPP, sustentando en la Constitución y aprobado posteriormente el 15 de junio de ese año vía Ley Habilitante por el presidente, Hugo Chávez y publicada en Gaceta Oficial número 6078.

La reforma realizada al COPP entró en vigencia en enero de 2013 y nació “porque el modelo anterior implementado durante 13 años no funcionó” y derivó en retardo procesal, impunidad y hacinamiento en las cárceles.

Autoridades han señalado que el antiguo código precedía a la Constitución de 1999, y fue hecho atendiendo realidades distintas a las actuales. “Copiaba el modelo alemán y bajo un sistema engorroso para la administración de justicia, ese modelo fracasó, no tenía nada que ver con la realidad venezolana”, explicó Cilia Flores.

El Ministerio Público, los despachos de Asuntos Penitenciarios, Relaciones Interiores, Justicia y Paz y la Procuraduría fueron los agentes de justicia responsables de la reforma.

Eliminación de los tribunales mixtos

Foto: Prensa TSJ

Entre los aspectos relevantes del nuevo COPP destaca la eliminación de los tribunales mixtos y la figura de escabinos (juez lego/ personas que ejercen de jueces sin ser profesionales).

Cilia Flores informó que el nuevo modelo contempla “una forma de participación ciudadana más acorde y efectiva”. Indicó que cada juicio o tribunal podrá apoyarse en la organización popular, misiones y consejos comunales, para que “haga contraloría social en estos procesos penales”.

Para el abogado penalista Jesús Bravo Valverde la eliminación de los tribunales mixtos fue una decisión acertada, y constituye un avance en la administración de la justicia. “Era casi imposible la constitución de éstos, y se verificó que también resultaba muy difícil conformarlo con la figura del escabino”.

Explicó que lo complejo del sorteo para designar a estos dos jueces lego que debían acompañar al juez profesional, sumado a la poca colaboración de la ciudadanía, se convirtieron en otra causa de retraso procesal, por lo que se determinó que el juez profesional asumiera de manera exclusiva el juzgamiento de todos los delitos.

Sobre la participación de las comunidades en los procesos penales, que convierte a sus habitantes en supervisores en el cumplimiento de las sanciones que se impongan con motivo de los delitos leves o menos graves, en lugar de una condena, el doctor Valverde se mostró poco optimista.

La sanción, en caso de los delitos menos graves o leves, se basará en trabajo social en la comunidad o en alguna institución. El trabajo de supervisión de esta sanción es hoy responsabilidad del Ministerio de Relaciones de Interiores, Justicia y Paz. “Se pretende descargar esta competencia en la comunidad organizada”.

El abogado penalista dijo que es “poco probable” que la comunidad esté dispuesta a asumir la responsabilidad. “Por temor a represalia es presumible que no participe, y además no hay regulación en este tema que determine hasta qué punto puede intervenir”

Creación de los tribunales de control municipal

Foto: Prensa TSJ

Otro aspecto relevante en el nuevo COPP es la categorización de los delitos con penas inferiores a ocho años, como delitos leves o menos graves, que conllevó a la creación de los tribunales de primera instancia municipal. La instalación de estas instancias es responsabilidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que tendría un lapso de seis meses, a partir de su aprobación, para cumplirla.

Estos recintos tendrán sólo funciones de control en delitos menos graves, cuyas penas no excedan de los ocho años, lo cual “tendrán un procedimiento expedito dependiendo de la gravedad del caso”. Esto representa “el comienzo de una transformación del Poder Judicial”, destacó la ex presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales.

Lo anterior deriva en que las personas que incurran en algún delito menos grave no tendrán que ir a prisión, pues serán juzgadas en libertad y se les impondrán una pena que deberán cumplir dentro de los parámetros del trabajo comunitario.

A un año de haberse aprobado la reforma del COPP han sido activados sólo 11 tribunales municipales de control en Caracas, ubicados en el Palacio de Justicia y tres en el interior del país, en Nueva Esparta (ubicado en el Palacio de Justicia en La Asunción); Yaracuy (en la sede del Circuito Judicial Penal de la ciudad de San Felipe) y en Aragua.

El último activado hasta la fecha fue el tribunal móvil municipal, que inició sus funciones de control en mayo pasado, en la plaza Andrés Bello de Pinto Salinas, pero que irá recorriendo parroquias de la Gran Caracas como El Recreo, El Valle y los municipios Baruta y Sucre del estado Miranda, según nota de prensa difundida por el TSJ.

La modificación es “un paño de agua tibia”

Para el abogado Jesús Valverde, la modificación que conllevó a la creación de las instancias de control municipal tenía como objetivo descongestionar los tribunales penales que durante años han estado abarrotados de procedimientos de flagrancia y otros procesos “viejos”, que tienen pendiente la celebración de la audiencia preliminar.

Otro de los objetivos es la clasificación de los delitos leves, reafirmando el principio de libertad. “Las personas que van a ser juzgadas en los tribunales de control municipal en ningún caso deben quedar privadas de libertad. Esto pretendía que no se incrementara el hacinamiento que caracteriza a las cárceles venezolanas”.

A juicio de Valverde, la modificación no resolverá los problemas de retardo procesal y hacinamiento. “Le van quitar la carga de trabajo a los tribunales ordinarios de control, pero las 15 instancias municipales asumirán las responsabilidades que habían tenido los 52 recintos estadales, por lógica se van a embotellar de trabajo y seguirá existiendo el retardo procesal”

“Es necesario que existan muchos más tribunales municipales, que ordinarios o estadales”, dijo Valverde

Valverde considera que deben crearse más de un tribunal de control municipal en cada entidad del país, tomando en cuenta que los delitos leves comprenden aproximadamente el 70% del total de hechos punibles.

“Sólo se han creado en Caracas y en tres estados, pero en el resto del país los delitos graves siguen siendo conocidos y atendidos por los tribunales estadales, entonces se convierte la modificación en un paño de agua tibia. Es necesario que existan muchos más tribunales municipales, que ordinarios o estadales”.

Al día de hoy se desconoce si el TSJ trabaja en la instalación de otros recintos judiciales municipales. A mediados de mayo sólo se conoció por parte de la magistrada, Gladys Gutiérrez, actual presidenta del TSJ, que serán formados jueces, fiscales y defensores públicos para atender delitos menores y que serán activados tribunales móviles.

Otras reformas importantes

Facultades del Ministerio Público. De acuerdo con la reforma del COPP, el Ministerio Público tendrá, entre sus nuevas competencias, solicitar a un tribunal que declare la ausencia del evadido o prófugo sobre el que recaiga la orden de aprehensión, para así dictar medidas definitivas de disposición de bienes relacionados.

Para algunos abogados penalistas esta modificación es calificada de “extrema gravedad”, dado a que una orden de aprehensión “no debería desconocer el principio fundamental de la presunción de inocencia”.

Derechos del imputado: En el anterior código figuraba una disposición en la que el imputado no podría ser juzgado en ausencia, salvo aquellos que eran procesados por crímenes contra el patrimonio público. La reforma contempla ahora que “el imputado tiene derecho a ser oído cuando así lo solicite”

Según expertos, esto significa que si el imputado no se presenta a tribunales el juicio puede continuar.

Actos de presentación policial. Anteriormente se prohibía, salvo aprobación por escrito del acusado, que los detenidos podían ser expuestos a los medios de comunicación. Ahora se elimina el consentimiento requerido del acusado y sólo no podrán ser presentados a la opinión pública cuando eso afecte la investigación.


Por:Aniger Esteves / Departamento de Investigación /Noticias24

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