Publicado el 26 de jun de 2013 11:32 am |

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Foto: Noticias24 / Archivo

(Caracas, 26 de junio. Noticias24) – Esperanza Hermida, coordinadora de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), señaló que pese a los avances que la nueva Ley del Trabajo trajo en lo individual, también tiene restricciones en lo colectivo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Durante el programa “La hora de Mario y Leonor”, que transmite Noticias24 Radio, Hermida insistió en que estas contradicciones se repiten en diversas áreas de la gestión gubernamental.

“Por ejemplo, tratan de exaltar los logros de universidades como la Unexpo o la Boliviariana y simultáneamente vulneran el derecho al estudio en las universidades autónomas”, equiparó.

A más de un año de la promulgación de la llamada Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, Hermida recordó que la advertencia de Provea había sido revisar aun más el instrumento antes de su puesta en marcha, hoy “lamentablemente el tiempo nos dio la razón”.

Precisó que de las más de 5.000 protestas que se registraron el año pasado en el territorio nacional, 2.800 fueron de carácter laboral protagonizadas por trabajadores informales, del transporte, públicos, privados y tercerizados.

Video: (Colocar el medio, la fecha y el año)

“Se incrementaron las protestas laborales. No basta con una ley. También es necesario que las inspectorías del trabajo hagan acompañamiento y se conviertan en estructura para diálogo”.

Destacó las restricciones que la Ley tiene en torno a los contratos colectivos, por cuanto dijo que desde 2004 no se discute ese beneficio en el sector público del país.

En ese sentido, invitó a los venezolanos a que participen este viernes 28 de junio en la sede de la Apucv vamos a desarrollar el foro “A 365 días de la Lottt”.

Protestar no es un delito

Esperanza Hermida explicó que ante las limitaciones que ha puesto el gobierno nacional, Provea ha tenido que adelantar una campaña llamada “La huelga no es un delito”.

“Lejos de retroceder en las prácticas antisindicales, hoy vemos cómo hasta la Ley de Alimentación atenta contra el derecho a la huelga en Venezuela, pues no es lícito protestar cuando en ese acto pueda estar en peligro la correcta distribución de los alimentos”.

Además criticó la Ley Antiterrorismo, que, según manifestó, “es la fase superior de la criminalización de la protesta en el país”.

Lamentó que el Gobierno solo interactúe en materia sindical con los movimientos “que le son adeptos”, y calificó esa práctica de “discriminación”.