Publicado el 01 de jul de 2013 9:25 am |

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Foto: Cortesía

(Caracas, 01 de julio. Prensa MP) -El Ministerio Público logró privativa de libertad para el exgobernador del estado Guárico, Luis Enrique Gallardo, y cinco exfuncionarios de su equipo de gobierno por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su gestión, entre los años 2010 y 2012.

Video: Globovisión, 01 de julio de 2013

Las otras personas que fueron privadas de libertad son: el expresidente del Instituto Autónomo de la Vivienda, Leonardo Rodríguez; el exsecretario general de gobierno, Carlos Alfonzo Cerezo; el expresidente de la comisión de contrataciones de la gobernación, Ciro Pérez Pérez; el exconsultor jurídico, Nemecio Cedeño; y el exsecretario de infraestructura, Argel Barrios.

Los fiscales 17° de la referida jurisdicción y auxiliares, Justo Flores, Oscar Álvarez y Yusmelys Irazabal, respectivamente, quienes investigan el caso en conjunto con el fiscal 55° nacional, José Rivero, imputaron al exgobernador por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, violación de procedimientos licitatorios, malversación específica de fondos públicos y concierto de funcionario público con contratista, todos previstos en la Ley contra la Corrupción.

Asimismo, los cinco exfuncionarios fueron imputados por los mismos delitos pero en grado de complicidad.

La audiencia de presentación se llevó a cabo en el Tribunal 2° Control de Guárico, instancia que admitió la precalificación fiscal, decretó la privativa de libertad y fijó como sitio de reclusión el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito.

Adicionalmente, la instancia judicial acordó medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes, además del bloqueo de las cuentas bancarias de los imputados.

Las seis personas estaban siendo investigadas desde el 22 de marzo de este año, cuando el actual procurador del estado Guárico, Ricardo Romero La Roche, denunció ante el Ministerio Público el presunto incumplimiento en la ejecución de recursos para la construcción de viviendas en diferentes municipios del estado Guárico, durante la gestión de Gallardo.

De acuerdo con la investigación, el daño patrimonial ocasionado al Estado asciende a más de 60 millones de bolívares, recursos que habían sido aprobados para la construcción de 650 viviendas.

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