Publicado el 17 de oct de 2013 8:32 pm |

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Foto: Composición N24

(Caracas, 17 de octubre – Noticias24).- El anuncio hecho hoy por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el caso de los parlamentarios Juan Carlos Caldera y María Mercedes Aranguren abre la posibilidad de un nuevo debate en el seno de la Asamblea Nacional (AN). El máximo tribunal del país admitió la solicitud de antejuicio de mérito contra los dos legisladores.

La inmunidad parlamentaria de ambos podría ser allanada tal como ocurrió el pasado 30 de julio, en “un capítulo histórico” para Venezuela, en el caso de Richard Mardo.

El presidente de la AN, Diosdado Cabello, sostiene que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria puede aprobarse con la votación de la mayoría simple, conceptos tipificados -según explicó- en los artículos 200 y 187 de la Constitución venezolana además de los 25 y 89 del Reglamento de Interior y de Debate del Parlamento.

Siendo así, lo diputados de la Asamblea Nacional deberán decidir si la inmunidad de Aranguren y Caldera debe ser retirada, en un momento en el que la Ley Habiitante y los 99 votos que se requieren para su aprobación son fundamentales para la consolidación de lucha que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro Moros contra la corrupción y la denominada “guerra económica”.

Caso Caldera: supuesta participación en delitos de suposición de valimiento

El 13 de septiembre de 2012, diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), presentaron un video en el que aparece el parlamentario Juan Carlos Caldera recibiendo un dinero de una figura masculina que se mantiene bajo el anonimato. Desde ese entonces, el diputado por el partido Primero Justicia es acusado por hechos de corrupción.

Quien reveló el audiovisual fue el diputado Julio Chávez, quien solicitó a las entidades pertinentes que fuese investigada dicho acto. “Queremos que se investigue si es que la oposición han venido recibiendo presuntamente financiamiento de personas o comerciantes fuera del país porque se estaría violando la Ley de Partidos Políticos”, señaló para esa fecha el parlamentario.

20.000 bolívares recibió Caldera para su campaña para la Alcaldía de Sucre durante las reuniones que sostuvo con el anónimo

Del mismo modo, en esa fecha, Chávez indicó que la voz de la persona que conversó con Caldera en el video, y que además estuvo bajo el anonimato, no se podía mostrar en ese momento “por cuestiones de seguridad y por la investigación”.

Sin embargo, Chávez aseguró que dicho sujeto sería llamado ante las autoridades para que rindiera testimonios acerca de la conversación y el motivo del encuentro.

Ante la eventualidad, Caldera refutó tales acusaciones y aseguró que la persona cuya voz y rostro fue manipulada en el video para resguardar su identidad, era Luis Peña, asistente del empresario Wilmer Ruperti.

En sus declaraciones, ofrecidas el mismo día de la publicación del video, el opositor precisó que fueron tres las reuniones sostenidas, y que en dos de ellas recibió fondos para su campaña para la Alcaldía de Sucre: 20.000 bolívares en cada una.

“Luego de nuestro triunfo en las primarias se dio una reunión con un diputado de la Unidad y el empresario Wilmer Ruperti y su esposa Anastasia Mazzone. La casa que ven en el video es la casa de Ruperti“, indicó.

A pesar de los señalamientos de Caldera, Wilmer Ruperti, ni ninguna fuente cercana a él, se pronunciaron al respecto.

Wilmer Ruperti es un empresario, inversionista y magnate del transporte marítimo venezolano. Fundador, presidente y CEO de Global Ship Management, compañía naviera líder en el transporte petrolero en Venezuela, que posee contratos con Pdvsa para la distribución del crudo. Igualmente es accionista de Canal i.

Cinco días después, Caldera anunció durante una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional que se separaría de su cargo como parlamentario, para de esta manera “facilitar” las investigaciones correspondientes.

“Fui víctima del mayor aniquilamiento moral en mucho tiempo en Venezuela”, dijo Caldera en su defensa ante la AN

Fui víctima del mayor aniquilamiento moral en mucho tiempo en Venezuela (…). Desde el seno de esta Asamblea Nacional se me acusó de cuanto la imaginación y la maldad que algunos llevan dentro les permitió y los guía para presentar cualquier cantidad de acusaciones”, dijo esa tarde del martes 18 de septiembre.

Ese mismo día los legisladores oficialistas aprobaron, mediante un acuerdo, condenar “categóricamente la conducta inmoral” luego de tachar de corrupción y de “intereses macabros” esta reunión.

Pero, Juan Carlos Caldera no se conformó con sus declaraciones por lo que el 5 de junio, del año en curso, presentó públicamente un video en el que aparece Ruperti conversando sobre el caso del acusado.

Pese a este torbellino de acusaciones, el presidente de la Comisión de Contraloría y también diputado oficialista, Pedro Carreño, consideró el 15 de agosto del presente año, como tarea pendiente para el próximo periodo de sesiones del parlamento, el allanamiento de la inmunidad del diputado Juan Carlos Caldera.

Carreño auguró: “Dios mediante le allanaremos la inmunidad al diputado Juan Carlos Caldera, esta es una tarea pendiente”.

No obstante, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha lamentado y critica en reiteradas ocasiones la “sociedad de cómplices” que existiría en la oposición venezolana ante las “pruebas irrefutables” de corrupción. Ante ello, el Primer Mandatario Nacional ha expresado su aprecio y respeto hacia el parlamentario.

FGR solicitó al TSJ antejuicio de mérito contra Juan Carlos Caldera

En mayo de 2013 la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para “introducir una solicitud de antejuicio de mérito” contra Caldera.

“La solicitud es porque presumimos la participación de los delitos de suposición de valimiento y este delito está previsto en la ley contra la corrupción y el delito de legitimación de capitales“, dijo la Fiscal a los medios.

Explicó en esa oportunidad que “el delito de suposición de valimiento es cuando una persona alardea, trafica, utiliza el nombre de otra persona para hacerse de un beneficio. En este caso de acuerdo a lo que se observa en el video, el diputado Juan Carlos Caldera señala de manera clara que el dinero que está solicitando es para la candidatura de (Henrique Capriles Radonski) que en ese momento optaba por la Presidencia de la República”.

Según el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo establece que “quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita será castigado con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido”.

“La solicitud es porque presumimos la participación de los delitos de suposición de valimento y este delito está previsto en la ley contra la corrupción2, dijo la FGR

El antecedente de la visita de Ortega Díaz al Tribunal Supremo de Justicia, es la petición que realizó la Fiscal 21 del Ministerio Público con competencia nacional plena, Gineira Rodríguez Urbina, a la Fiscal General de la República estudiar la pertinencia de solicitar al Tribunal Supremo de Justicia la declaratoria de haber lugar al enjuiciamiento del diputado Juan Carlos Caldera, tras conocer denuncias formuladas contra dicho parlamentario por presunta corrupción.

Tal solicitud de la fiscal Rodríguez Urbina, se fundamenta en el artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual contempla que cuando para la persecución penal se requiera la previa declaratoria de haber mérito para el enjuiciamiento, el Fiscal que haya conducido la investigación preliminar se dirigirá a él o la Fiscal General de la República a los efectos de que ordene solicitar la declaratoria de haber lugar al enjuiciamiento.

Ante el anuncio de TSJ, Caldera afirmó: “Sin duda una razón más para seguir luchando por la Venezuela de la Justicia. Todos a votar el 8D”, dijo, al tiempo que instó a los venezolanos por su cuenta en Twitter “que nada los detenga”

Caso María Aranguren: presunta legitimación de capitales y una inmunidad “que siempre ha estado vulnerada”

El nombre de María Aranguren comenzó a destacarse más ante la opinión pública desde que denunciara públicamente que su inmunidad estaría en peligro y bajo la sombra de la aprobación de los poderes especiales para el Presidente de la República. Aseguró que tras la investigación que se le sigue por presuntos hechos de corrupción vinculados a la gestión del exgobernador del estado Monagas, José Gregorio “el Gato” Briceño, su suplente en la AN, Carlos Flores, estaría siendo “amedrentado” para votar en favor de la Habilitante, hecho que lo convertiría en el “diputado 99″.

Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, describió recientemente el por qué Aranguren debe ser sometida a juicio y enfrentar a la justicia. La parlamentaria, que incursionó en las filas del Partido socialista Unido de Venezuela (Psuv) y posteriormente se retractó para luego unirse al llamado bloque de la Unidad, es acusada por el Ministerio Público por la presunta legitimación de capitales y peculado doloso propio.

La Fiscal aseguró que la legisladora dirigió una empresa que fue constituida por el “el Gato” Briceño y “se dedicó a realizar negociaciones con empresas extrajeras para contratar artistas, cuya cancelación se hacía en dólares. Para crear una compañía de ese tipo, se debe tener la autorización del Consejo Legislativo de la entidad”.

“Llevamos dos años en esto, aún dentro del Psuv ya estábamos incómodos, nuestra inmunidad siempre ha estado vulnerada

Añadió además que existe un “agravante” en este caso, pues “se dispuso de un dinero que no estaba presupuestado para pagarle a los artistas y eso es crimen a la luz de la legislación venezolana”.

Aranguren no sólo habría cambiado parte del dinero recibido en dólares, según lo expuesto por Ortega Díaz, sino que también habría efectuado la compra de divisas a un precio no oficial, “eso es delito, porque se le causó un perjuicio al Estado venezolano”.

En declaraciones ofrecidas a Noticias24 Radio, Aranguren desestimó los argumentos de la titular del Ministerio Público. Alegó que la Fiscal emitió un juicio de valor “sin una investigación profunda previa” y aseveró que los recursos para la creación de esa dependencia provinieron del Estado, por lo que, a su juicio, “no se comprende el señalamiento peculado doloso, previsto en la ley Contra la Corrupción y de la Delincuencia Organizada”.

Para la exmilitante del Psuv, la “pretensión” de despojarla de su inmunidad parlamentaria obedece a que su diputado suplente, Carlos Flores, debe tener la titularidad del cargo para “convertirse en el 99″ y así alzar su mano en favor de la Habilitante. Señaló que Monagas ha sufrido un particular “persecución” por parte de Diosdado Cabello hacia Briceño, “llevamos dos años en esto, aún dentro del Psuv ya estábamos incómodos, por lo que nuestra inmunidad siempre ha estado vulnerada, ahora pretendan hacerlo formalmente”.

Aunque sostiene que en el procedimiento legal que se le sigue “no hallarán nada”, manifestó su desconfianza en el “debido proceso”. Indicó que la Fiscal General de la República ya ha emitido su juicio, juicio que considera la llevará al mismo terreno que a Richard Mardo, sólo que en esta ocasión “más exprés”.

Una suerte de retaliación política, eso representó para Aranguren la solicitud del antejuicio de mérito en su contra. Con una “urgencia parlamentaria” sobre la mesa para la aprobación de la Habilitante, aunada a la necesidad de al menos 99 votos para su promulgación, la posibilidad de nuevos allanamientos de inmunidad parlamentaria se vislumbra. Un nuevo debate se abrirá, corresponde a los parlamentarios de amabas bancadas -chavista y opositora- proferir su opinión y evaluar si Caldera y Aranguren deben separarse de sus curules.

Por: Katherin A. Vásquez e Ymarú Rojas / Noticias24

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