La inamovilidad laboral, un debate que sigue entre lo productivo y lo social

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(Caracas, 24 de julio- Noticias24) -. Desde el año 2006 se prorroga anualmente el Decreto de Inamovilidad Laboral. El sector empresarial ha abierto el debate sobre esta medida y ha pedido al Estado “flexibilizarla”, ya que “va en detrimento de la productividad”, sin embargo, el Gobierno ha desestimado la solicitud y ha reiterado que no está planteada ninguna revisión ni reforma.

La reforma a la Ley de Trabajo en Venezuela que establece la inamovilidad laboral se realizó por primera vez en 1974, por medio del Decreto Nº 122. En esta ocasión, los trabajadores beneficiarios contaban con este privilegio por 180 días.

En 1996 se disminuyó la cantidad de días en la Gaceta Oficial Nº 35.915, de fecha 7 de Marzo. Se estableció el Decreto Nº 1.240 mediante el cual se establecía inamovilidad para los trabajadores beneficiarios durante sesenta (60) días.

La misma medida se mantuvo en 1997, en esta oportunidad se extendió la medida por todo un mes.

Tres años después, Hugo Chávez estableció el 4 de abril de 2000, a través de la Resolución Nº 005-00, la inamovilidad laboral de los funcionarios, obreros o empleados que se encuentren en condición de damnificados, que laboraban para el Congreso de la República y permanecían en la Comisión Legislativa Nacional.

En 2001 se estableció la inamovilidad como cláusula irrenunciable para los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado.

En 2002, por medio del Decreto 1.752 se estableció la inamovilidad por el término de 60 días continuos para los trabajadores que presten servicios en los sectores público y privado. En junio del mismo año de prorrogó la medida por treinta (30) días continuos y luego se estableció hasta el 15 de enero de 2003.

En ese año se mantuvo la medida hasta julio en un primer momento y luego hasta el 15 de enero del año 2004. Desde 2006, la inamovilidad laboral se decreta de forma anual.

En 2011, durante el anuncio de la extensión respectiva del decreto, Hugo Chávez hizo un llamado al sector privado “a generar empleos dignos”. Además aseguró que el decreto era “una atribución” que tenía “para proteger al pueblo“.

En diciembre de 2013, el entonces vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, en funciones delegadas por Hugo Chávez tras su ausencia por motivos de enfermedad, extendió la inamovilidad laboral para los trabajadores de los sectores público y privado desde el 1 enero de 2013 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

En diciembre de 2013, ya en funciones de Jefe de Estado, Maduro extendió la medida hasta el 31 de diciembre de 2014.

No se puede interpretar por ningún sector sindical del país que estamos promoviendo la flojera, desacato al trabajo, o indisciplina laboral. Estamos protegiendo a los que trabajan contra los abusos de quienes abusan”, afirmó.

¿A quiénes ampara la ley?

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Según el último decreto firmado, no podrán ser separados de sus cargos trabajadores de los sectores público y privadoregidos por la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (Lott).

El decreto excluye a las personas que ocupan “cargos de dirección, o llamados de confianza y a trabajadores temporales, ocasionales o eventuales”.

De acuerdo con el artículo 422 de la LOT, los empleados no podrán ser desmejorados, trasladados sin justa causa calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la Jurisdicción.

Asimismo, gozarán de protección prevista por esta medida, independientemente del salario que devengan, los trabajadoras y trabajadores a tiempo indeterminado a partir de un (1) mes al servicio del patrono, las contratadas y contratados por tiempo determinado mientras no haya vencido el término establecido del contrato.

En caso que el trabajador o la trabajadora protegido o protegida por este Decreto sea despedido, despedida, desmejorado o desmejorada sin justa causa, trasladado o trasladada sin su consentimiento, podrá denunciar el hecho dentro de los treinta (30) días continuos siguientes ante el Inspector o Inspectora del Trabajo de la jurisdicción, y solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir, o la restitución de la situación jurídica infringida, según el procedimiento establecido en el artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

Opiniones encontradas

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El decreto que ampara a los trabajadores ha despertado descontento en el sector privado, dado que “puede avalar el ausentismo y generar falta de productividad”, según denuncias de empresarios.

Algunos trabajadores han tomado esto como que pueden incumplir con las leyes internas empezando por el ausentismo, y a veces asistiendo pero no desempeñando las labores productivas”, argumentó Eduardo Garmendia, presidente de Conindustria, en entrevista para Noticias24.

Garmendia “no cuestiona” el carácter de “protección a los derechos” del trabajador que establece la ley, sin embargo aconseja que se debe tener “la posibilidad de que en el caso de que un trabajador incurra en la violación de su contrato, poder sustituirlo por uno que si cumpla con el contrato“.

“No estamos diciendo que queremos disminuir el tamaño de la nómina, pero si que nos permitan sustituir a quienes no cumplan con su función“, añadió.

El ministro del Trabajo, Jesús Martínez, destacó recientemente durante una entrevista a un canal privado venezolano, la importancia de la inamovilidad laboral en el país en la actualidad, en contraposición a “una flexibilización de la medida” como sugieren los sectores empresariales.

Aseguró que el decreto, vigente en el país desde el año 2002, no busca proteger a trabajadores improductivos, sino que los despidos laborales estén apegados a cualquiera de las causas justificadas que establece la Ley del Trabajo.

El economista Nelson Ford coincide en que “la inamovilidad laboral crea un estímulo a la persona que se inserta en el empleo“.

“Si se construye ese sistema, los efectos que podrían contraponerse dependerán de las políticas de administración de cada empresa, y como los especialistas en materia laboral puedan resolver cualquier inconsistencia en el mercado dependiendo del sector al que pertenecen”, aseveró.

Ford resaltó el carácter de protección al trabajador frente a injusticias laborales que tiene este decreto. “Hay patronos que abusan del trabajador por el precio de su salario, le generan a una persona 3 o 4 puestos de trabajo”.

En contraste a la figura de “la empresa como enemigo del trabajador”, para el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, “no es la empresa la enemiga del trabajador, sino “la estructura macroeconómica de Venezuela”.

“Es una inflación que bordea por encima del 70% la que afecta la productividad (…) No hay empresa que pueda compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. El principal escollo del trabajador son las empresas que no pueden operar al 100%”, afirmó Oliveros a Noticias24.

“Yo no creo que por aquí esté la solución al problema y efectivamente un trabajador que se encuentre amparado por la inamovilidad no tiene incentivos de productividad. Hay que mejorar el entorno macroeconómico y darle todos los incentivos de producción a las empresas, como la capacitación. Esas son reformas que se deberían hacer para generar una fuerza laboral mucho mejor capacitada“, dijo Oliveros.

El proyecto de reforma de la la Lottt aprobado por Hugo Chávez en abril de 2012, bajo poderes especiales que le fueron otorgados con la Ley Habilitante, fue criticado por empresas privadas en ese entonces las cuales reclamaban que no fueron consultadas para las “nuevas imposiciones”.

Desde ese entonces la Lottt, además de la inamovilidad laboral, contempla la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, de igual modo elimina la tercerización y extiende el permiso prenatal y postnatal de las trabajadoras.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó al ministro Jesús Martínez al frente de una Comisión Presidencial cuyo objetivo será la aplicación “completa” de la Lottt.

Sobre esta asignación, Martínez expresó que en el marco del diálogo que se ha entablado entre el Gobierno y las empresas privadas, se dejó “con absoluta claridad que no está planteada ninguna revisión en la legislación laboral”, expresó.


Por: María Eugenia Hernández /Noticias24