Foto: RNV/ Archivo

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), Ricardo Sanguino. explicó que a las acciones de fiscalización y supervisión para evitar acaparamiento e incremento de los precios se debe unir velar porque se cumpla con la producción, especialmente de los rubros regulados.

Estimó que los consejos comunales y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), siempre a la vanguardia en esta lucha, deben intensificar la discusión con las bases sobre la importancia de tomar conciencia en torno a la incorporación a este combate.

En el programa Despertó Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, el diputado enfatizó que es falsa la tesis opositora de que el ajuste del tipo de cambio decretado a principios de año justifique un aumento de hasta tres veces en los bienes y servicios.

Reconoce que este incremento en la divisa debe transferirse a la estructura de costos, pero sólo en el porcentaje mínimo que significa el paso de un dólar a 2,15 bolívares a 2,60 y a 4,30 en aquellos productos no esenciales.

Sanguino resaltó que cada vez que se acercan elecciones, un sector del país comienza a actuar políticamente generando incertidumbre, a través del acaparamiento, control de la producción y especulación.

“Hay empresarios inescrupulosos que juegan con la comida del pueblo. Tenemos una ley (para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios) que hemos venido reformando ante la actitud de los privados, para corregir comportamientos inadecuados, porque tienen intenciones políticas”, añadió.

Resaltó que el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) es más fuerte y que los consejos comunales están autorizados a realizar inspecciones y a levantar expedientes que luego son utilizados para sanciones administrativas o privativas de libertad.

Recordó que también la Ley establece que el Gobierno puede declarar de utilidad pública las actividades productivas que afecten el derecho al acceso a los bienes esenciales.

“La alimentación de un pueblo es fundamental para un país. No les vamos a permitir a empresarios conspiradores que atenten contra el buen funcionamiento del país y la alimentación del pueblo”, puntualizó.

“Aplicamos las normas. Tenemos capacidad legislativa y este Parlamento revolucionario legisla para el beneficio de las grandes mayorías”, agregó.

También refutó la matriz opositora de que las declaratorias como bienes de utilidad pública efectuadas por el Estado a algunos sectores de alimentos signifiquen un ataque al ámbito privado, pues indicó que estas medidas no afectan ni 15% de la participación de los privados en el Producto Interno Bruto (PIB).

Apuntó que ahora se entró en la etapa en la cual se debe aumentar la producción para lograr la sostenibilidad de lo avanzado.

Indicó que el aparato productivo interno, “en el cual predomina todavía fundamentalmente el sector privado, no responde a esa exigencia inmediata de demanda. Entonces el Estado debe importar”.

Comentó que el Gobierno creará, en ese sentido, una corporación de importación y exportación pública para eliminar las agregaciones de valor en las distintas cadenas que impulsan el alza de los precios.

El aumento de la demanda obedece, acotó, a un incremento en el nivel y distribución del ingreso en el país.

Explicó el diputado que en el índice nacional de precios al consumidor de abril, que se ubicó en 5,2%, influyó de manera importante en los alimentos que provienen de la agricultura y cuya producción afectó la sequía provocada por el fenómeno El Niño.

Debemos ir a romper la cadena de producción, distribución y comercialización para evitar los grados de especulación”, indicó.

Con información de ABN

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