(Foto Archivo)

Desde el Colegio María Auxiliadora de Altamira, más de un centenar de organizaciones no gubernamentales venezolanas acompañadas de varios grupos internacionales, le exigieron al Estado venezolano, mediante un comunicado, el cese de una campaña en su contra para “criminalizar la protesta” en Venezuela.

Rafael Uzcátegui, representante del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), argumenta que la posición del gobierno es contradictoria, ya que “mientras hay un discurso oficial que habla de la contraloría social y del empoderamiento popular, se toman medidas que desestimulan la organización popular”.

Uzcátegui señala que los trámites para recibir fondos del exterior, la campaña de desprestigio hacia varios defensores de Derechos Humanos y las dificultades que tiene que atravesar la ciudadanía para asociarse a estas ONG’s, evidencian la forma cómo el Estado intenta “criminalizar la protesta” venezolana y desprestigiar a quienes la defienden.

Entre tanto, Liliana Ortega, coordinadora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), expresó su apoyo al derecho de las ONG’s a solicitar y recibir recursos del exterior, recordando que en países como Argentina lograron descubrir las atrocidades que cometieron los militares durante la última dictadura (1974-1982) gracias a fondos recaudados en el exterior.

En los últimos años, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictado tres sentencias en las que proscribe la cooperación internacional. Asimismo 40 activistas de Derechos Humanos han sido amenazados o atacados, mientras que 198 sindicalistas han sido asesinados, sin que hasta el momento las autoridades hayan castigado a los responsables.

Con información de El Universal

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