En fotos: protestan para exigir atención médica a contaminados con metales pesados en Perú

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(Caracas, 18 de julio. Noticias24).-Amnistía Internacional (AI) entregó este miércoles al Ministerio de Salud de Perú una petición firmada por cerca de 32.000 personas para que atienda a las comunidades indígenas y rurales contaminadas con metales pesados procedentes de los residuos de la minería y de derrames de petróleo.

El documento y las firmas fueron entregadas a la viceministra de Salud Pública, María del Carmen Calle, en compañía de algunos representantes de las comunidades procedentes de ocho regiones del país y afectadas con metales como mercurio, plomo, cadmio y arsénico, entre otros.

La petición reclama al Ministerio de Salud “desarrollar una política pública de salud integral para las personas afectadas por metales tóxicos y otras sustancias químicas”.

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También diseñar e implementar una respuesta sanitaria de emergencia adecuada y coordinada para atender los efectos de la exposición a metales pesados en las comunidades afectadas, así como determinar y erradicar las fuentes de contaminación.

La directora de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro, lamentó que no existan los suficientes estudios hechos por las autoridades para determinar cuántas personas están contaminadas.

“Ocurre en muchos lugares del país. Aquí han llegado representantes de ocho regiones pero sabemos que este problema afecta a muchas más”, afirmó Navarro.

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Desde la cuenca alta del Rímac, el río que baja de los Andes, atraviesa Lima y desemboca en el océano Pacífico, Genaro Aguilar afirmó que en su zona hay al menos 400 afectados, según los parámetros evaluados por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) hace dos años.

“Toda el agua que viene es con metales tóxicos. Pedimos la remediación (remedios) y la atención de la población contaminada. No hay una cura para esa contaminación porque es irreversible”, advirtió.

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Además de los representantes de la región del río Rímac, también participaron en la reunión miembros de la comunidad amazónica de Cuninico, en la región selvática de Loreto, afectada por un derrame de más de 2.300 barriles de petróleo en sus ríos, y de la provincia de Espinar, en la sureña región de Cusco, donde operan varias minas.

Asimismo, hubo delegados de las regiones de Cajamarca y de la ciudad de Cerro de Pasco, una urbe creada alrededor de una gran mina de tajo abierto, a 4.300 metros de altitud sobre el nivel del mar.

El único caso tratado oficialmente por el Ministerio de Salud es el de la comunidad de indígenas nahua Santa Rosa de Serjalí, situada en Ucayali, en el este del país, donde el 82 % de sus miembros están contaminados con mercurio, según informes de 2016.

Amnistía reunió 31.943 firmas mediante su campaña “Estado Tóxico”, difundida a nivel mundial para denunciar lo que considera una grave crisis de salud pública en Perú.

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Según AI, existe consenso científico para afirmar que la exposición a estos metales tóxicos perjudica gravemente la salud y produce una gama de efectos nocivos que se empeoran con la prolongación de la exposición, lo que es particularmente grave en los niños y mujeres gestantes.

Con información de EFE

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