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¿Qué está en juego con el acuerdo migratorio de Guatemala y Estados Unidos? (+detalles)

Video: Noticias24

Guatemala, 11 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido a la migración en el tema central de las relaciones con los países de Centroamérica y México, y Guatemala no es la excepción. Así lo evidencia el acuerdo migratorio de asilo firmado entre ambos países, que tiene varios temas en juego.

Este convenio, que fue firmado el 26 de julio y que sigue siendo negociado entre ambos Gobiernos bajo hermetismo, entrará en vigor cuando ambos intercambien «un canje de notas» en las que aclaren haber cumplido con cada procedimiento legal; pero todavía no hay fecha.

¿CÓMO FUNCIONARÁ?

Cada día, miles de migrantes centroamericanos y del mundo realizan una larga travesía con el afán de llegar a suelo estadounidense en busca de una mejor vida bajo el paraguas de una protección de asilo. Esto es lo que quiere evitar Trump al obligar a los migrantes a solicitar este estatus a su paso por Guatemala y aliviar el sistema estadounidense.

Si no lo hacen, esas personas podrán ser regresadas al país centroamericano y ahí esperarán mientras las autoridades, con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), dirimen sus peticiones.

Los dos Gobiernos se han afanado en proclamar que sólo los migrantes salvadoreños y hondureños podrán realizar de esta forma ese trámite, dos de los países con una mayor fuente de inmigración irregular hacia Estados Unidos.

¿ES UN TERCER PAÍS SEGURO?

Aunque en un primer momento se empezó a hablar de un posible «tercer país seguro», el término fue cambiando con el paso del tiempo, tanto que el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró que retirar esa nomenclatura sería una de sus exigencias.

El concepto de «tercer país seguro», que el Gobierno de Guatemala asegura que «no existe», es un término de cooperación internacional entre Estados y según Acnur ayuda a reasentar a los refugiados en un tercer país que ha acordado admitirles y otorgarles residencia permanente, una solución duradera que implica la reubicación de refugiados.

A finales de 2018, de acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, había 20,4 millones de refugiados de interés, pero menos del 1 por ciento fueron reasentados ese año, pues una pequeña porción de países forma parte del programa, en el que Estados Unidos, Canadá, Australia o los países nórdicos son los principales socios.

Acuerdos de similar consideración se han firmado en el pasado. Estados Unidos rubricó uno de este tipo con Canadá en 2012 y la Unión Europea hizo lo propio con Turquía.

SANCIONES ECONÓMICAS

Vetos, aranceles e impuestos a las remesas. El presidente estadounidense ha amenazado a Guatemala con sanciones económicas si no acepta este documento y durante su firma se congratuló por las buenas relaciones entre los dos países debido a que «ellos (los guatemaltecos) están haciendo lo que queremos que haga».

Esto tendría sus complicaciones. Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala y el envío de remesas de los migrantes, que ha ido en constante aumento en los últimos años, uno de los principales sustentos de las familias, sumidas en la pobreza y la violencia.

Durante 2018, Guatemala recibió una cifra histórica de 9.287,77 millones de dólares en remesas, cifra que se estima que supere los 10.100 millones este año, y según la Organización Internacional para las Migraciones, representan el 10 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

¿HAY CONDICIONES?

Uno de los aspectos de debate y crítica a este convenio deriva de si Guatemala tiene o no las condiciones para poner en marcha este convenio migratorio de asilo y garantizar los derechos básicos, reconocidos en los tratados internacionales, de las personas migrantes, como la alimentación, la educación o un trabajo.

En Guatemala, considerado como uno de los diez países más desiguales del mundo, la pobreza afecta a casi el 60 por ciento de su población y es, entre otras causas, consecuencia de que miles de habitantes migren hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Además, el país centroamericano, en donde el salario mínimo es de 388 dólares mensuales y el costo de la canasta básica alimentaria supera los 467 dólares, tiene a uno de cada dos niños menores de cinco años con desnutrición crónica, la tasa más alta de toda América Latina.

De hecho, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales asegura que el uno por ciento de los habitantes más ricos de Guatemala suma el 40 por ciento de los ingresos de los más pobres y que esta desigualdad social priva de servicios esenciales como agua potable, salud y electricidad a los más vulnerables, especialmente a los pueblos indígenas.

¿Y DESPUÉS?

Si finalmente este convenio migratorio entra en vigor, Estados Unidos ya anunció su intención de involucrar a otros países de Centroamérica, aunque Honduras, por ejemplo, ya ha avanzado que rechazará ser un tercer país seguro.

Tampoco México, un país que supuestamente ha alejado la amenaza de aranceles después de recudir el flujo de indocumentados que llegan a la frontera en común y aunque Estados Unidos le ha exigido redoblar esfuerzos las autoridades mexicanas aseguran que esos ultimátum están «lejos» y que el descenso en el tránsito migratorio ya es «irreversible».

LA MIGRACIÓN CENTROAMERICANA EN DATOS

Un total de 196.061 migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica -una de las zonas más violentas y pobres del mundo formada por Guatemala, El Salvador y Honduras- fueron deportados desde Estados Unidos y México durante 2018, lo que representa un aumento del 37,9 por ciento más que el año anterior.

Así se desprende de las estadísticas divulgadas por la sede de la Organización Internacional para las Migraciones en Guatemala, unos documentos que recuerdan que en 2017 habían sido deportados 142.176 migrantes irregulares.

Los migrantes, entre los que había 15.805 niños y 8.843 niñas, son en su mayoría hondureños, un 56,8 por ciento; mientras que el 40 por ciento corresponde a guatemaltecos (94.306); y el resto, un 1,2 por ciento, de El Salvador, el único país de los tres que experimentó una reducción al pasar de los 26.811 en 2017 a los 26.479 en 2018.