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Dominicanos de origen haitiano denuncian «genocidio civil» administrativo

Washington, 24 oct (EFE).- Dominicanos de origen haitiano denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que el Gobierno está cometiendo un «genocidio civil» al negarles la nacionalidad aplicando, con carácter retroactivo, nuevas leyes migratorias, algo que las autoridades dominicanas negaron.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y el Movimiento por un Registro Civil sin Discriminación denunciaron que la situación afecta a más de 1.500 dominicanos de origen haitiano.

Durante el 143 periodo de sesiones de la Cidh, Francisco Quintana, miembro de Cejil, denunció el «impacto desproporcionado» en el día a día de la aplicación de la ley migratoria 2004, que modificó los criterios para obtener la nacionalidad dominicana, además de la Resolución 012 de la Junta Central Electoral de 2007 y la Circular 17.

En virtud de esta ley, los niños nacidos de padres no residentes no tienen derecho al reconocimiento de la nacionalidad, algo que según Quintana, ha sido interpretado de manera «muy amplia» y «se ha llegado al extremo de declarar como fraude el hecho de haber sido registrados por padres extranjeros» antes de que entrara en vigor.

En 2010 la nueva Constitución modificó, además, el derecho a la nacionalidad, estableciendo que los niños nacidos de padres no residentes no tienen derecho al reconocimiento de la nacionalidad, lo que también se está aplicando con retroactividad.

Los demandantes defendieron que el estatus migratorio no se puede transmitir a los hijos y denunciaron que la mayoría de afectados a los que se niega su cédula, su acta de nacimiento o una copia de esta son jóvenes, en gran parte mujeres, de entre 18 y 24 años.

La República Dominicana se encuentra inmersa en un proyecto para modernizar y depurar las irregularidades de su sistema de registro civil, según indicó el representante permanente de este país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Saladin Selin, en el que no hay ninguna intención discriminatoria.

El proceso de depuración no responde «de ninguna manera» a una política de desnacionalización, dijo, «sino de contar con un sistema depurado, transparente, libre de irregularidades y fiable».

En el contenido de la Resolución, dijo, no se hace referencia a criterios de índole racial para suspender el acta civil, «sólo establece un procedimiento para suspender provisionalmente actas viciadas o instrumentadas de manera irregular» y subrayó que «no es posible concluir que exista una política de estado para revocar la nacionalidad de miles de dominicanos» de origen haitiano.

Como ejemplo señaló que entre los afectados también hay «deportistas talentosos» que adulteraron su partida de nacimiento para entrar como menores de edad a las ligas de adultos.

Dina Adámes, directora del Servicio Jesuita a Refugiados Migrantes (SJRM), señaló que según un estudio elaborado por su organización, el «impacto cuantitativo» de negación de documentos afecta a 1.584 casos de actas de nacimiento, que se emitieron según las leyes vigentes cuando fueron expedidas y que podrían ser revocadas.

Pero podrían ser más, ya que «hay miles de personas que no han sido contadas y otras que no saben que cuando vayan a solicitar el acta (de nacimiento) se les va a negar».

Adámes lamentó que la mayoría de los afectados tienen hijos y no pueden inscribir a sus hijos, tampoco pueden pedir documentos para continuar sus estudios universitarios y es «un freno para otros derechos» porque «también se les niega células de identidad lo que limita acceso a la ciudadanía».

En este sentido, denunció la «voluntad política de mantener a este grupo poblacional sin documentación» algo que calificó de «genocidio civil retroactivo» que «ha truncado la vida de miles de personas obligándolas a vivir desnacionalizadas. Hay personas que esperan de 3 a 5 años» a que se aclare su caso, que además reciben un trato «ofensivo» y «discriminatorio».

«Esta injusticia se torna insoportable, por eso estamos aquí», enfatizó.

Los demandantes pidieron que representantes de la CIDH visiten el país, que solicite a la República Dominicana la anulación de la Resolución 012, la de la aplicación retroactiva de la Constitución de 2010 y el establecimiento «claro» de garantías de los derechos de los dominicanos.

Saladín, por su parte, rechazó por «improcedente» la denuncia por la «inexistencia de argumentos de una supuesta desnaturalización de dominicanos», pero mostró la disposición del estado dominicano en «continuar avanzando en resolución de estos temas.»

Además, reiteró en nombre de la Junta Central Electoral (JCE), la invitación al comisionado Rodrigo Escobar Gil, relator para los casos de República Dominicana, para que visite el país a fin de «conocer en el terreno, avances en la materia de registro civil».