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Denuncian ante Cidh persistencia e impunidad del paramilitarismo en Colombia

Foto Referencial: EFE/ Archivo

Washington, 27 oct (EFE).– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) escuchó hoy en audiencia a varias organizaciones colombianas que denunciaron la persistencia de la presencia e impunidad paramilitar y la concentración de la propiedad territorial como ejes de la violación de los derechos humanos en Colombia.

Las asociaciones que acudieron en calidad de peticionarios a la audiencia reconocieron los progresos realizados en los últimos años por el Gobierno colombiano en cuanto a la entrada en vigor de la Ley de Justicia y Paz y la ley de Víctimas, pero insistieron en que su aplicación aún provoca altos niveles de impunidad para los paramilitares desmovilizados.

«La persistencia negativa del Gobierno nacional a aceptar que el proceso de legalización de los paramilitares fue un fracaso provoca que los nuevos ataques se nieguen como parte del conflicto armado y las violaciones de los derechos humanos no puedan ser amparadas por la ley«, dijo María Victoria Fallon, representante del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos.

Fallon subrayó que, de acuerdo a estadísticas oficiales, se ha demostrado que al menos la tercera parte de los 32 departamentos del país pueden quedar en manos de candidatos con vínculos paramilitares en las próximas elecciones, que tendrán lugar el próximo domingo.

«La situación concreta frente a violaciones de derechos humanos nos muestra que en el primer semestre de 2011 tuvieron lugar 28 masacres, por las 26 del año pasado en el mismo periodo», apuntó.

Jomary Ortegón, del Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», se refirió a la preocupante concentración de la propiedad del territorio como uno de los principales problemas para afrontar la violación de derechos humanos en el marco del conflicto interno que sufre el país.

«Las políticas sociales y económicas implementadas por el anterior Gobierno y consolidadas por el actual no se orientan a revertir esas altas tasas de concentración de la propiedad y la tierra y parecen orientarse a consolidar los acumulados económicos provocados por el conflicto», insistió Ortegón.

Los peticionarios informaron que en los últimos 20 años se despojó de manera forzosa a los campesinos del 15,4 por ciento de la superficie agropecuaria de Colombia.

«El artículo 99 de la recién aprobada Ley de Víctimas se refiere al contrato de uso en el que se establece que en territorios donde se desarrollan proyectos agroindustriales no se restituirán las tierras, sino que se otorgará un contrato de uso al campesino, y éste es un ejemplo de restitución sin restitución», agregó.

El representante del Estado colombiano, Tomás Concha, perteneciente al Programa de Derechos Humanos de la vicepresidencia de Colombia, explicó que a través del Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno pretende «implementar, seguir y promover medidas que apoyen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario».

Concha se refirió al esfuerzo gubernamental por incluir a las asociaciones civiles en la elaboración de políticas públicas que traten los derechos humanos en Colombia de manera integral, y se complementen con la adecuación institucional.

Miguel Samper, también representante del Estado colombiano, se refirió a la Ley de Víctimas como un «hecho histórico que consagra la reconciliación y la construcción del proceso de paz, la reparación de las víctimas y la consolidación de la democracia» en Colombia.

El Estado colombiano reconoció la necesidad de «solucionar los errores cometidos»
, pero pidió que se reconocieran los avances logrados por el país en materia de derechos humanos.