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Venezuela

Navarro afirma que la reforma de Ley Contra la Corrupción es una «norma de avanzada»

Foto: Suiking Chang / AVN / Archivo

El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Héctor Navarro, señaló que la reforma de la Ley Contra la corrupción «es una norma de avanzada que colocará a nuestro país en el tope en materia legislativa».

Este miércoles la plenaria prosiguió con la revisión y discusión de los artículos restantes del proyecto de reforma y el próximo miércoles se finiquitará el trabajo.

En la discusión del articulado además de los miembros de la Comisión estuvieron presentes representantes de la Fiscalía General de la República y de la Contraloría General de la República quienes hicieron observaciones y presentaron propuestas.

Navarro señaló que están obteniendo una Ley «casi por consenso», la cual mejorará la vigente en varios aspectos como el incremento de las sanciones, adecuación de las penas tanto corporales como pecuniarias así como de inhabilitación.

Agregó que en esta norma «se observa que el poder popular se incorpora como elemento activo de vigilancia», de supervisión del control fiscal asimismo pueden ser sancionados los miembros de los consejos comunales que administran recursos y cometen irregularidades.

Resaltó que esta reforma permite adecuar nuestra legislación en materia contra la corrupción a lo establecido en los convenios internacionales suscritos por Venezuela en esta materia.”Esto nos coloca como país en el tope en materia legislativa en lo que tiene que ver en la lucha contra la corrupción”

Precisó que todos los integrantes de la comisión coinciden en que es conveniente castigar la corrupción,»pensamos que hay que atacarla porque la vida de la república se va por la corrupción, por ello hay que tomar en cuenta dos aspectos uno que no haya impunidad en los delitos de corrupción administrativa y otro tomar en cuenta la formación, con la educación, con el desarrollo de la ética y la moral».

Se modificó uno de los artículos que contempla que la funcionaria o el funcionario público que abusando de sus funciones constriña o induzca a alguien a que de o prometa, para sí mismo o para otro, una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida, será penada o penado con prisión de cuatro años a ocho años y multa de hasta el cien por ciento del valor de la cosa dada o prometida.

Otro de los artículos reformados estipula que la persona que alardeando de valimiento o de relaciones de importancia e influencia con cualquier funcionaria o funcionario público reciba o se haga prometer, para sí o para otro, dinero o cualquier otra utilidad, bien como estímulo o recompensa de su mediación, bien so pretexto de remunerar el logro de favores, será penado con prisión de dos años a siete años ;y con prisión de dos años a siete años, a quien de o prometa el dinero o cualquier otra utilidad de las que se indican en este artículo.

Con información de Asamblea Nacional