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Venezuela

AN aprobó la Ley de Arrendamientos: “Se acabó la ley Apiur. Llegó la justicia”

Foto: Noticias24 / archivo

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó hoy en segunda discusión la nueva Ley de Arrendamientos, una herramienta legal que regulará los alquileres de inmuebles en el país. Se acabó la ley Apiur (…), llegó la justicia”, dijo el diputado Diosdado Cabello.

“Esto solo es posible aprobarlo en un Gobierno Revolucionario (…). La Ley Apiur solo servía para escuchar a los grandes, a los que podían pagar abogados (…). Ahora el arrendador sabrá a qué atenerse así como también el inquilino, porque las normas son para todos”, dijo Cabello, promotor de la ley.

El Diputado oficialista se mostró feliz por la aprobación del instrumento legal, a la vez que refirió que la antigua ley de arrendamiento provocó incluso “suicidio” y al ruina de muchas familias. “Estamos acabando con la Ley Apiur, que veía el arrendamiento como un negocio. Con esa Ley muchos se suicidaron, se acabaron matrimonios, perdieron sus enseres”.

El debate parlamentario se tornó por momentos álgido, ante las críticas de los opositores y la defensa de los oficialistas a la herramienta legal.

Cabello recordó además las críticas de su par opositor William Ojeda, quien señaló en una ocasión que buscaba arrendadores para erigirles “una estatua”.

“Los que dijeron que se iban a acabar los alquileres y que se vería afectada la propiedad privada le mintieron al país” porque esta Ley “evitará atropellos, persecuciones y será cumplida”, añadió.

Opositores critican la Ley

Por su parte, los diputados opositores insistieron en la posición que han mantenido a lo largo de varias semanas de discusiones parlamentarias, en las que aseguraron que la legislación va en contra del derecho a la propiedad del arrendatario, que además tendrá un “margen de ganancia irrisorio”.

“Se acabará la vivienda en alquiler y los recién casados tendrán que vivir arrimados (…) esta es una ley comunista que destruye la propiedad y en la que el Estado decide cuánto vale tu vivienda”, dijo la diputada opositora María Corina Machado durante las discusiones.

Entre las disposiciones más polémicas de la ley están el impuesto a las viviendas desocupadas, la limitación de la rentabilidad anual a un máximo de 5% del valor del inmueble, la potestad del Estado de determinar el canon de arrendamiento y las trabas para que el propietario recupere su vivienda de manos del inquilino.

Solucionar la crisis habitacional es una de las prioridades del gobierno del presidente Hugo Chávez, que lanzó un programa especial para compensar en los próximos seis años un déficit de unos dos millones de viviendas.

Según los oficialistas, la nueva legislación favorecerá a unas 750.000 familias que alquilan viviendas; mientras que los opositores destacan que responde a “la incapacidad del gobierno” de cumplir su meta de construcción de nuevas viviendas.

Algunos detalles de la Ley

La exposición de motivos de la propuesta legal señala que “merecen toda la protección y estímulo por parte del Estado” los pequeños arrendadores: “familias que por razones diversas deciden arrendar con precios y condiciones justas”.

Resalta la importancia entonces de diferenciar “el arrendamiento especulativo y explotador, de las relaciones arrendaticias justas y socialmente responsables”.

El texto también rechaza la existencia de inquilinos “que intentan generar condiciones injustas ante arrendadores responsables, desde posiciones y prácticas capitalistas y excluyentes, que buscan aprovecharse de las luchas de las organizaciones populares y las políticas revolucionarias del Estado para apropiarse indebidamente en algunos casos de la vivienda principal y única de arrendadores, que son pequeños propietarios con igual situación de necesidad en relación con la vivienda”.

El combate a la especulación en las relaciones arrendaticias se concreta a través de la fijación de un canon de alquiler mediante una metodología que toma en cuenta los criterios del valor de construcción en la actualidad, la dimensión de la infraestructura, la vida útil, la vulnerabilidad sísmica y la ubicación geográfica.

“No se trata de eliminar el arrendamiento en Venezuela, sino de su transformación revolucionaria para generar un nuevo modelo social y marco jurídico para un arrendamiento justo”, señala la Exposición de Motivos.

El ente del Estado que regirá esta materia es la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, que formará parte del Ministerio para la Vivienda y Hábitat y sustituirá a la actual Dirección Nacional de Inquilinato.

Entre sus funciones está la fijación del canon, la inspección y fiscalización de los inmuebles y personas sujetos de la ley, imponer sanciones y determinar indemnizaciones, proveer de refugio o vivienda transitoria a quienes deban ser desalojados y no tienen techo a donde ir y revisar los contratos.

Este proyecto de ley amparará a más de 750.000 familias que viven en condición de arrendamiento en el país, más aquellos que habitan en pensiones y en residencias estudiantiles.

Fue el primero presentado ante la AN por iniciativa popular, en marzo de 2011, por el movimiento de inquilinos, con el respaldo de 400.000 firmas.

La propuesta fue nutrida con aportes de diferentes sectores, antes de pasar a discusión en la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, siempre acompañada por los inquilinos, así como por representantes de los propietarios.

Con información de agencias