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Venezuela

Apiur: La Ley de Arrendamientos es «una ley desequilibrada que pone en peligro la propiedad privada»

Foto: EFE / David Fernández

Caracas, 28 oct (EFE).- Propietarios de inmuebles en Venezuela calificaron hoy de «desequilibrada» una ley para la regularización y control de arrendamientos y vivienda aprobada por el Parlamento, y advirtieron que pone en riesgo la propiedad privada.

La Asamblea Nacional (unicameral) avaló ayer una polémica norma que establece que el canon de arrendamiento anual no deberá superar el 5% del valor del inmueble, así como el derecho del arrendatario a adquirir la vivienda después de 20 años de renta y la constitución de una Superintendencia de Arrendamientos.

«Es una ley desequilibrada que beneficia a una sola de las partes, pero también da luz verde a algunos abusos que algún inquilino pueda cometer», dijo a Efe el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta.

Consideró que la ley «tiene excesivos controles» sobre los propietarios y criticó que con la Superintendencia el Estado «quiere intervenir en toda la fase del arrendamiento».

Orta indicó que ese organismo deberá revisar el contrato, fijar el canon, administrar la cuenta donde se depositarán los alquileres, hacer los actos conciliatorios y conseguir una vivienda para el inquilino que salga por la vía judicial.

«Un gran organismo burocrático que, a nuestro criterio, va a estar colapsado por la cantidad de facultades» que se le otorgarán, puntualizó Orta, quien aseguró que la ley establece al menos 17 multas para los propietarios y ninguna para los inquilinos.

Cuestionó como «totalmente injusto» el método para calcular el valor de venta o alquiler de un inmueble, y previó que establecerá «precios ínfimos y alquileres irrisorios».

Alertó que la propiedad en Venezuela «actualmente está en riesgo ante la indiferencia del Gobierno» en casos como las invasiones de propiedad, las expropiaciones de bienes urbanos y de los «inmuebles afectados gravemente por esta ley».

«Nosotros estamos haciendo un llamado al presidente de la República, Hugo Chávez Frías, para que no refrende esta ley (…) que atropella los derechos de miles de venezolanos, una ley que va a crear la conflictividad, que acrecenta el déficit habitacional en Venezuela y que no se corresponde con un sistema democrático», dijo.

Por su parte, Miren Iturregui, hija de un constructor vasco, explicó a Efe que un edificio de su familia fue «tomado» hace cuatro años por un grupo de inquilinos y lamentó que con esta ley se le puso «rúbrica» a lo que consideró un «arrebato a la propiedad».

Orta sostuvo que los procedimientos judiciales y administrativos previstos en la ley «hacen irrecuperable una vivienda por la vía judicial», ya que ratifica la ley contra los desalojos arbitrarios, que, según indicó, establece que la sentencia «no es ejecutable» hasta que el Gobierno no le localice una vivienda al inquilino.

La coordinadora del comité de defensa de la vivienda en alquiler, Marisa Fariña, hija de una inmigrante canaria, relató a Efe que desde hace cuatro meses sus 13 inquilinos dejaron de pagar la renta, y denunció que desde que se está discutiendo la ley algunos arrendatarios se vieron amparados para «cometer todo tipo de atropellos».

Para Fariña, «aprobar una ley como esta, primero, es desconocer la Constitución, que es nuestra Carta Magna, y en segundo lugar es terminar de implantar el socialismo del siglo XXI (…), que no es otra cosa que un comunismo».